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La Comisión Europea planteó ayer que el incremento del gasto corriente de nuestro país no supere el 2,6% el próximo año para reducir así ... el déficit en 0,7 puntos, lo que equivale a un ajuste de 9.300 millones de euros. Bruselas considera que esa partida no solo creció en 2022 a causa del esfuerzo por paliar la crisis energética generada por la guerra de Putin, sino que hubo un descontrol presupuestario añadido. De modo que a la paulatina supresión de las ayudas generales para compensar los efectos de la inflación –con la recomendación comunitaria de que su ahorro se utilice para rebajar el desequilibrio en las cuentas públicas– las administraciones nacionales deberían sumar la contención de los desembolsos con los que desarrollan sus políticas. Unas medidas que, aun cuando sean razonables, resultan impopulares y de incómoda aplicación en un escenario electoral.
El Gobierno opera con la previsión de que el déficit acabará en el 3% el próximo ejercicio. La Comisión pronostica un 3,3%. Tres décimas de diferencia que parecerían subsanables si no estuviéramos en plena pugna por el voto, que probablemente se traducirá en un gasto acumulado por encima del previsto, compensado en parte por la ventaja recaudatoria que supone una alta inflación. Bruselas recomienda que las cuentas públicas de España no se desentiendan de la inversión, lo que equivale a no limitarse a lo que aporten los fondos europeos para afrontar las transiciones ecológica y digital. El cuadro establecido por la UE pasa por alto un detalle crucial de cara a que nuestro país vuelva a atender en 2024 la disciplina presupuestaria europea, en suspenso desde la pandemia: en qué momento y con qué mayoría aprobará el Parlamento los Presupuestos de ese año.
El calendario electoral, con las generales entre noviembre y diciembre, las tensiones que afloran en la base parlamentaria del Gobierno y la presidencia de turno europea de Pedro Sánchez no invitan a pensar en un prodigioso golpe de efecto en la contención del gasto como colofón de la próxima campaña. Más bien, lo contrario. De modo que la tramitación de las Cuentas se pospondría, en el mejor de los casos, a una fecha avanzada del primer trimestre de 2024. Ello no será inocuo para el control efectivo sobre el déficit público cuando Bruselas está ya pensando en una España capaz para entonces de convertir su tasa de crecimiento en una palanca para garantizar una sólida estabilidad de sus finanzas públicas.
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