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Mientras Yolanda Díaz presentaba ayer una propuesta de amnistía por el 'procés' que no asume como propia el Gobierno al que pertenece, Pedro Sánchez continuaba con el PNV y el BNG su ronda de encuentros con los partidos en busca de apoyos para la investidura. ... La complejidad de las discretas negociaciones con el independentismo catalán hace presagiar que el acuerdo, si se consuma, todavía se hará esperar. Al optar por la interlocución con los portavoces parlamentarios –salvo con Alberto Núñez Feijóo y Díaz–, el presidente en funciones evita incómodas imágenes con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Arnaldo Otegi. El viernes se reunirá por primera vez con responsables de EH Bildu, lo que supone un paso significativo en la normalización en Madrid de una izquierda abertzale que sigue sin abjurar de su pasado de subordinación a ETA. Vox, la tercera fuerza del Congreso, ha sido excluida de los contactos.
El candidato socialista ya no oculta su disposición a aprobar una ley de amnistía, a cambio de los escaños que precisa, con argumentos como que «hacer política implica generosidad» y la necesidad de avanzar en «la convivencia y la concordia». Lo que Sánchez no acaba de explicar –y le será difícil hacerlo de forma convincente– es por qué si el secesionismo ya estaba apaciguado con los indultos, como él presumía, es preciso traspasar ahora una línea roja que antes del 23-J consideraba inconstitucional sin ningún género de dudas y que supone quitar la razón al Estado en su respuesta al 1-O para dársela a quienes se sublevaron contra él. Es cierto que el Tribunal Constitucional se pronunciará con toda probabilidad sobre esa norma, pero lo hará dentro de largos meses o incluso años, cuando ya haya satisfecho, o no, el verdadero objetivo que persigue la medida: el apoyo del independentismo a la investidura. Incluso en el supuesto de que, en contra de lo que ha sostenido de forma reiterada el Gobierno, la medida sea acorde a la Carta Magna, ello no implicaría necesariamente que fuese conveniente ni moral o políticamente aceptable, como no lo serían otras controvertidas que caben en el marco de la Constitución.
Sánchez ha sido contundente en su rechazo a un referéndum de autodeterminación. Resulta indiscutible que no tiene el menor encaje legal; pero, dados los repetidos antecedentes, en su caso esgrimir que así lo ha «defendido siempre con la palabra y con la acción» no parece un argumento muy poderoso.
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