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La ratificación por Junts de que sus siete diputados en el Congreso votarán en contra, si no media un giro, de los decretos ómnibus anticrisis con los que Pedro Sánchez trataría de lanzar la legislatura revela hasta qué punto la gobernabilidad del país está sujeta ... al capricho de las minorías. Al capricho de los extremos. Que una formación independentista catalana, cuya existencia está legitimada por la Constitución de las libertades y la diversidad, ponga a prueba la estabilidad del conjunto de España con la pretensión de obtener alguna ventaja para el autogobierno de la Generalitat parece hasta cierto punto consecuente. Pero no lo es de ninguna manera que, erigiéndose en la representación más exclusiva del destino de los catalanes, Junts –o ERC, en una versión posibilista– esté dispuesto a desestabilizar Cataluña con tal de recuperarla para el patrimonio postpujolista. Tanto los estrategas más próximos a Pedro Sánchez como los dirigentes del PSC están dando muestras de un voluntarismo que pasa por alto la naturaleza del independentismo creyéndose capaces de negociar entre desconocidos, cuyas aspiraciones e intereses discurren en universos paralelos. Sin que Moncloa quiera hacerse cargo de que sus interlocutores obedecen a la vivencia de Cataluña como una realidad aparte, independizada en origen, e insondable para la España constitucional.La investidura de Pedro Sánchez se basó, en buena medida, en una compleja red de engaños mutuos, estimulados por la amenaza de un mal mayor: la alianza para un Gobierno a impedir entre el Partido Popular y Vox, que se convirtió el 23 de julio en reactivo fundamental de la resiliencia progresista. Solo que el logro de la investidura, como resultado de una concurrencia de intereses empequeñecidos, no asegura la gobernabilidad. Más bien la está poniendo en solfa cada día. La amnistía respecto a los protagonistas principales, secundarios y residuales del 'procés' no será tan venturosa como desearían simular los independentistas. El trueque de favores entre el Gobierno y el grupo secesionista opositor al Ejecutivo republicano y minoritario de la Generalitat –es decir, Junts contra ERC– es puro abismo. Dentro de un año, si se agota la legislatura catalana, Carles Puigdemont podrá confrontarse con Oriol Junqueras por la presidencia de la Generalitat. Mientras, los estrategas de Moncloa orillan a Salvador Illa.
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