Menos impuestos

Como principales medidas, el Gobierno popular propone suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio, modifica los tramos del IRPF y aplica rebajas en todos ellos, baja el Impuesto de Transmisiones, y establece una serie de deducciones por nacimiento o adopción de hijos, así como otras ventajas orientadas a los municipios en riesgo de despoblamiento. En total, 230.000 contribuyentes se verán afectados por el Impuesto sobre la Renta, en una repercusión del total de las rebajas de 90 millones de euros por ejercicio, que dejarán en primera instancia de engrosar las arcas públicas, aunque el presupuesto se verá reducido solo en parte de esta cantidad, 50 millones.

La justificación de la medida es bien sabida. La menor recaudación deja liquidez en manos de los ciudadanos que al inyectarse en la economía la activa y acaba compensando la rebaja, frente a un gasto público menos eficiente que consume para su propio funcionamiento ingentes cantidades de recursos. Los detractores, por su parte, prefieren que sea la Administración la que dirija el destino del gasto en función de las prioridades políticas, para hacer frente así a las crecientes demandas de servicios públicos.

Fijadas ambas posiciones conviene recordar que los ciudadanos, en la vigente situación inflacionaria, están viviendo de hecho un empobrecimiento que apenas han podido compensar un puñado de empresas y mediante la subida del salario mínimo, frente a unos gobiernos que se han visto beneficiados por el aumento de la recaudación debido al aumento de precios, solo compensado de forma completa para los pensionistas y los trabajadores públicos. Además, al no ajustar las tablas de retención del IRPF, año tras año, y especialmente con alto IPC, se está aplicando una subida impositiva soterrada, por lo que frenar la presión recaudatoria puede significar un alivio para muchas familias que no ven sino que todos sus gastos se disparan al mismo tiempo mientras los ingresos permanecen estancados desde hace años.

La denominada por la presidenta «revolución fiscal» tiene aún que conseguir respaldo parlamentario. El Gobierno en minoría se encuentra así con los primeros obstáculos, que necesitarán de habilidad negociadora para sacar adelante el principal instrumento económico, y también político, que fija las prioridades anuales del Ejecutivo: sus Presupuestos. Los apoyos no pueden provenir más que de Vox o del PRC. En los posicionamientos iniciales, el PSOE se ha opuesto de pleno y considera que pondrá en peligro los servicios públicos; el PRC la ha llamado «rebajuca» y cree que es inoportuna y que beneficia a los ricos; y para Vox debería haber sido más amplia y contundente.

Los asesores fiscales consultados por El Diario han elaborado varios supuestos que recogen a las familias con hijos y a quiénes viven en zonas en riesgo de despoblación como principales beneficiarios. En todo caso, los números mostrarán su incidencia, a quiénes va a beneficiar, si produce un efecto atractor de rentas y si consigue impulsar la economía. La medida está dando sus primeros pasos y conlleva un cambio sustancial de modelo fiscal que, si logra la dinamización pretendida, no implicaría el abandono de los servicios públicos, un patrimonio de todos que es preciso preservar y, al mismo tiempo, hacer cada día más eficiente y sostenible.