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Existe un amplio consenso sobre el perfil que debe reunir un gobernador del Banco de España: ser un economista de primer nivel con una acreditada trayectoria, alta capacitación técnica, criterio para mirar con luces largas los principales desafíos de la economía y amplios conocimientos de ... política monetaria. José Luis Escrivá cumple sobradamente todos esos requisitos. Carece, sin embargo, de uno que resulta primordial para que uno de los contrapesos más relevantes de nuestro sistema institucional conserve la credibilidad ganada a pulso en los últimos años: una imagen de nítida independencia del poder político y de cuantos puedan intentar influir en sus decisiones. Antes de su nombramiento como ministro de Seguridad Social y luego de Transformación Digital habría sido un candidato idóneo. Saltar ahora directamente a ese cargo desde el Ejecutivo resulta poco estético e inconveniente para salvaguardar la reputación de la entidad, cuya influencia depende tanto de que sus opiniones tengan una sólida fundamentación como de que hayan sido elaboradas sin la más mínima sombra de sospecha de responder a intereses políticos o de otra índole.
Pedro Sánchez, a quien corresponde la designación, ha impuesto a Escrivá rompiendo la tradición de acordar con la oposición la cúpula del Banco de España. La polémica elección coloca al regulador en el disparadero de la disputa política, lo que le hace un flaco favor, y alimenta los reproches al presidente por «colonizar» con fieles las instituciones: desde el CIS y RTVE, liderados por militantes socialistas, hasta el Tribunal Constitucional, donde colocó como vocales a un exministro de Justicia y una ex directora general en la Moncloa. No obstante, el nuevo gobernador deberá ser juzgado por sus hechos, no por apriorismos. En su etapa al frente de la AIRef no eludió críticas a los ejecutivos del PP y del PSOE. Ahora tendrá que pronunciarse sobre los Presupuestos del próximo año –si es que se tramitan–, en cuya gestación ha participado él mismo, la política económica del Gobierno al que ha pertenecido o la opa del BBVA al Banco Sabadell, contra la que se ha posicionado el Gabinete, lo que confirma lo inapropiado del nombramiento.
Pretenda o no el Ejecutivo convertir el supervisor en un brazo armado en la defensa de su actuaciones, en manos de Escrivá está plegarse a tales supuestos deseos o actuar con autonomía de criterio y preservar así el prestigio del Banco de España.
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