Inciertos efectos

Los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Laura Ponsatí albergan la esperanza de que la posición del TJUE contribuirá a preservar su inmunidad como electos europeos. El expresidente de la Generalitat no dudó en concluir que «la sentencia hace inviables las euroórdenes». El Govern catalán monocolor de ERC fue incluso más allá al aseverar que «abre la puerta al reconocimiento de la causa general contra el independentismo», mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez daba por supuesto que el Tribunal de Luxemburgo ha facilitado que «Puigdemont rinda cuentas ante la Justicia española». La resolución de esa instancia europea permite a Llarena tramitar una nueva euroorden contra el exconsejero Puig que tenga en cuenta sus consideraciones. Aunque conviene recordar que la negativa anterior por parte del tribunal belga señalaba su posible indefensión en España.

Las lecturas tan discrepantes sobre el sentido y alcance de la sentencia del TJUE recurren a argumentos jurídicos a tener en cuenta, pero al mismo tiempo están trufadas de voluntarismo e incluso de postureo político. Esto último es lo que ocurre con el requerimiento del Gobierno para la extradición de Puigdemont, sobre la que la Corte de la UE no se ha pronunciado todavía, y con la declaración de la Generalitat hablando en nombre del independentismo. Los efectos del fallo parecen cuando menos inciertos, dado además que la reforma del Código Penal para «desjudicializar la política» respecto a Cataluña entrará en el juego de las alegaciones secesionistas.