Inflación de promesas

Lo peor del caso es que la pugna partidaria impide un debate razonado sobre la viabilidad y los efectos de las medidas desgranadas por el presidente del Gobierno a lo largo del último mes en materia de vivienda, y obstruye el paso hacia una política mínimamente consensuada por el conjunto del arco parlamentario y sintonizada en la actuación de las distintas administraciones. La gestación de una bolsa pública de viviendas que integre activos de Sareb, la compra de suelo hoy en manos del Ministerio de Defensa y la oferta menos concreta de otros bienes inmuebles suena atractiva. La regulación e intervención sobre el mercado que entraña el proyecto de ley en trámite en el Senado da la sensación de que en unas cuantas semanas, después de años de desconcierto, España reacciona a la crisis inmobiliaria y financiera de 2008.

Pero la concurrencia de medidas que suenan bien en un período electoral no puede hacernos olvidar que cada una de ellas dará lugar a efectos contrarios a los objetivos proclamados, y que todas juntas describen una política imposible de administrar. La sola oferta del aval del ICO puede reactivar el mercado de viviendas a la venta, con las entidades bancarias más dispuestas a brindar préstamos hipotecarios, y la intermediación inmobiliaria visualizando el negocio. Pero, a la espera de que la letra pequeña del decreto que acabe publicándose en el BOE a partir del visto bueno del Consejo de Ministros de hoy, no será fácil que la política de las buenas noticias cuaje sin que familias y administraciones corran el riesgo de entramparse en un nuevo ciclo de descontrol.