Inmigración necesaria

Si la población de la región ha experimentado una ligera subida ha sido debido a que la inmigración ha venido a ocupar el hueco dejado por la falta de nacimientos. De hecho, en el mismo año 2022 llegaron a Cantabria 3.808 personas para mantener en la Comunidad una población de cerca de 590.000 habitantes, cifra en torno a la cual ha quedado estabilizado en los últimos tiempos el censo de la región.

A finales del año pasado 37.203 inmigrantes vivían de forma estable en Cantabria, lo que representa algo menos que el 7% del total de la población. Se trata de una cifra sensiblemente menor al más del 11% de media nacional, ya que en la región el fenómeno inmigratorio ha sido más débil que en el resto de España. De hecho, tras la crisis de 2008 y su recaída de 2011, la población foránea comenzó a descender desde 2013 para recuperarse con fuerza posteriormente y vivir otra recuperación hasta 2019, cuando el covid frustró de nuevo su crecimiento. Todo indica que el agravamiento de la natalidad y las necesidades laborales en determinados cometidos traerán de nuevo en los próximos años un crecimiento de la inmigración hacia sus tasas más altas.

La natalidad, determinada por una serie de factores socioeconómicos, no crece de un día para otro. Cantabria necesita esa fuerza laboral que sustituya a la que no es capaz de generar y que no es previsible en absoluto que en los próximos tiempos lo vaya a hacer. Es una población que, además, tiene una alta natalidad, que suple las tareas que los trabajadores locales no desarrollan y que aporta cotizaciones e impuestos.

Bienvenidos sean por tanto los inmigrantes dispuestos a participar en la sociedad cántabra, para los que es necesario disponer de políticas que favorezcan su integración en general y en los entornos laborales y educativos, para ellos mismos y las segundas generaciones. Dado que es una fuerza de trabajo peor retribuida, que vive con tasas de pobreza mayores que el resto de la población y más proclive a una explotación discriminatoria, la vigilancia de estos aspectos ha de ser un factor clave tanto como derecho ciudadano en sí mismo, como en lo que representa de elemento favorecedor de su participación en todos los ámbitos sociales.

En paralelo, las administraciones han de desarrollar una batería de acciones, decididas, sostenidas en el tiempo y consensuadas para que su aplicación no esté circunscrita a los periodos electorales, encaminadas a facilitar la vida familiar y la atención a los nuevos nacidos. Los resultados tardarán en verse, pues el arraigo de los factores que retrasan la maternidad es fuerte y difícil de revertir. En todo caso, la estabilidad laboral y sus buenas condiciones, el acceso a la vivienda y a la educación y la sanidad de calidad son sin duda los mejores favorecedores de las circunstancias que impulsen los nuevos nacimientos.