Interrogantes por despejar

En puertas de que su esposa declare, de nuevo, ante el juez por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, el líder del Ejecutivo situó esta vez su proyecto en un contexto general basado en la amenaza que supone la desinformación para las democracias, aunque sin hacer mención a la responsabilidad en ello de las redes sociales. Las propuestas de mayor calado, entremezcladas con otras que pueden generar desconcierto, quedaron opacadas por su discusión en un pleno de nuevo bronco. Sánchez cimentó su mensaje sobre las bases de la Ley Europea de Medios de Información, un reglamento que sitúa a la prensa libre como pilar de la democracia, pero que no constituye en sí una novedad porque ya está aprobado y es de obligado cumplimiento. Aunque anunció también una actualizada ley de publicidad institucional, iniciativa que en otros países europeos permite controlar con garantías el destino y buen uso de los recursos públicos, su importancia quedó mediatizada al presentarla como una respuesta no al interés general, sino contra los abusos de partidos que, según acusó, «compran líneas editoriales con el dinero de los contribuyentes». Y tras anunciar 100 millones procedentes de los fondos europeos para la digitalización de los medios, confirmó su intención de «reforzar» los derechos al honor y a la rectificación sin aclarar en qué sentido. El plan dejó así demasiadas incógnitas que convendría que Sánchez despejara en el contraste con los grupos parlamentarios al que se ha comprometido.