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El Ministerio de Trabajo, cuya titular es la vicepresidenta segunda y líder no relevada de Sumar, Yolanda Díaz, ha fijado en este lunes 1 de julio la fecha límite para que CEOE y Cepyme hagan suya la propuesta gubernamental de reducción paulatina de la jornada ... laboral –de un máximo de 38,5 horas semanales este año a 37,5 horas el que viene, y bajo apercibimiento– o transmitan por escrito su alternativa. Lo que los responsables del ministerio denominan «estrategia de dilación» es un desencuentro sobre el alcance y las consecuencias de la medida en sectores y empresas que se juegan cada día su competitividad y su propia existencia. Que las 40 horas semanales lleven otros tantos años vigentes debería ser revisado, de entrada, con una iniciativa ajustada a una realidad que hoy es más diversa que hace cuatro décadas. Resulta legítimo y plenamente justificado que los trabajadores aspiren a mejorar sus condiciones, tanto mediante subidas salariales como reduciendo las horas de dedicación contratadas. Aunque nadie debería ensalzarlo con el falaz reclamo de que dará lugar a más puestos de trabajo. Ni despachar la eventual disposición a trabajar con mayor intensidad y más tiempo, siempre que ese esfuerzo se vea compensado, como reflejo de una alienación con la que acabar por decreto. Tampoco la justa rebaja del horario laboral ha de estar impedida de cláusulas de excepción en la negociación colectiva.
La sintonía constante entre Yolanda Díaz y los sindicatos CC.OO y UGT revela un problema de autonomía mutua preocupante para ambas partes. La Constitución y la práctica más provechosa del diálogo social invitan a que las condiciones de trabajo se fijen apurando las posibilidades de la concertación en el mercado laboral, sin que los gobiernos intervengan para inclinar los términos de la negociación más que en circunstancias excepcionales. Díaz no está institucionalmente facultada para someter la reducción de la jornada laboral a un ultimátum unívoco, dirigido a los empresarios. Podría, si acaso, instar a las partes del diálogo social a alcanzar un acuerdo, con la advertencia de que en su ausencia procedería a llevar al Consejo de Ministros una iniciativa determinada. A no ser que cuente con una instrucción expresa del presidente Sánchez para actuar como lo está haciendo. En cuyo caso, la Moncloa debería expresarse con mayor claridad al respecto, declarando que espera que la macroeconomía se haga cargo de las contraindicaciones que acompañen a la medida impulsada por Trabajo.
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