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La constitución ayer de la Comisión de investigación del Senado sobre los contratos públicos relacionados con la intermediación de Koldo García y los derivados de ... la 'operación Delorme', y la formación hoy de la Comisión en el Congreso para investigar sobre contratos de emergencia en pandemia, abren un período de comparecencias, indagaciones y conclusiones coincidente, por una parte, con procedimientos judiciales en marcha y otros que pudieran sustanciarse y, por otra, con citas electorales que posiblemente afecten al transcurso de la legislatura. Por ello es necesario que los trabajos de ambos organismos se ciñan al objeto para el que son concebidas. El Congreso y el Senado tienen la potestad constitucional de crear en su seno comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Pero es imprescindible que diputados o senadores, en sus manifestaciones dentro y fuera del foro parlamentario, eviten interferir en las tareas de la Justicia, o de interpretar de manera abusiva, parcial o interesada informaciones de los autos judiciales o del relato de un sumario. Teniendo en cuenta además que las conclusiones parlamentarias podrían ser comunicadas al ministerio fiscal si la Comisión las considera de interés para el esclarecimiento judicial de los hechos investigados.
Las comisiones de investigación figuran entre los mecanismos previstos para el control del Ejecutivo por parte del Legislativo. Pero no está ni constitucional ni reglamentariamente previsto que sus inferencias comporten decisiones que depuren tales responsabilidades. Cuestión que, en todo caso, debería dirimirse a través de otros recursos parlamentarios. Tanto los trabajos de la Comisión del Congreso como los de la del Senado deberían ceñirse al control sobre la actuación de la Administración central, investigando la actuación de las demás instituciones sólo en aquellas situaciones en las que se perciban posibles vínculos irregulares entre ellas. Las comisiones de investigación son temporales en las Cortes, y solo circunstancias extraordinarias justificarían que su labor se dilatara en el tiempo. Las personas citadas a comparecer tienen la obligación de atender a la llamada del Senado o del Congreso. Pero sería espurio que cada mayoría parlamentaria –la que representa el PP en la Cámara alta y la que articula el PSOE en la baja– convierta tal atribución en un paseíllo público dirigido solo a agraviar al adversario.
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Ana del Castillo
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