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El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con CC OO, UGT y las patronales CEOE y Cepyme en el marco del diálogo social para reformar las jubilaciones parcial y activa. Tras meses de intensas negociaciones que se han saldado con éxito gracias a una sincera voluntad ... de entendimiento manifestada en cesiones mutuas, los interlocutores han llegado a un punto de encuentro que completa el pacto en dos fases sobre las pensiones suscrito la pasada legislatura cuyo principal objetivo es garantizar a medio plazo la sostenibilidad de un sistema zarandeado por un déficit descomunal a causa del envejecimiento de la población. Las medidas ahora pactadas pretenden avanzar en ese terreno, a la vez que amplían derechos de diversos colectivos.
Al margen de su contenido, el consenso a tres bandas entre el Ejecutivo y los agentes sociales tiene un alto valor por sí mismo en un país sometido a una aguda polarización. De ahí que resulte bienvenido aunque la eficacia de las acciones incluidas en él, que parecen bien orientadas, deba ser contrastada con su paso por el filtro de la realidad. A grandes rasgos, el acuerdo aumenta los incentivos para prolongar la vida laboral, extiende a todos los empleados en edad de retiro la posibilidad de compatibilizar un trabajo y el cobro de hasta el 100% de una pensión, y mejora las condiciones para percibirlas de los asalariados en actividades penosas o peligrosas y los fijos discontinuos. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, confía en que el incremento del gasto que implicarán algunas de las iniciativas sea compensado «holgadamente» con mayores ingresos.
Blindar este pilar básico del Estado de Bienestar en un endiablado escenario demográfico es uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestro país. La avalancha de jubilaciones de la generación del 'baby boom' amenaza con disparar los abultados 'números rojos' del sistema. Ni las fórmulas de ahorro aplicadas en el pasado reciente ni el récord histórico de ocupación, con su consiguiente impacto en la recaudación por cotizaciones sociales –moderado por los bajos salarios de los nuevos empleos y la extensión de los contratos a tiempo parcial–, han impedido un creciente deterioro de sus cuentas. La última reforma huyó de ajustes impopulares, que resultarán difícilmente evitables si persiste un desequilibrio entre los gastos y los ingresos muy superior al comprometido con la Comisión Europea.
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