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La tormentosa gestación de la ley de amnistía, además de elevar la crispación hasta niveles alarmantes y ensanchar el cisma entre los dos bloques irreductibles en los que está fracturado el arco parlamentario, ha desatado un peligroso pulso entre poderes del Estado que, de no ... ser encauzado a tiempo, dañará el prestigio de nuestro sistema democrático. Puede ser discutible la fundamentación jurídica de algunas decisiones judiciales que hacen peligrar la impunidad de Carlos Puigdemont y otros encausados por el 'procés'. Y resulta lógico que el Gobierno se incomode con los movimientos de jueces instructores de causas relacionadas con el 1-O que han abierto grietas en los parches de última hora puestos a un texto de dudoso encaje constitucional, que Junts ha tumbado en el Congreso al negarse el PSOE a más cesiones que debilitarían la defensa de su legalidad ante la justicia europea. Nada se eso justifica, sin embargo, el señalamiento público de magistrados por parte del Ejecutivo y los partidos que lo componen y lo apoyan, ni la acusación de que persiguen objetivos políticos simplemente porque, en el ejercicio de su independencia, adoptan medidas que no son del agrado de la mayoría parlamentaria.Por supuesto que las actuaciones de los tribunales están sujetas a la crítica. Pero esta también tiene sus límites en una democracia y no debe confundirse con la gratuita atribución, expresa o indirecta, de delitos tan graves como el de prevaricación sobre el que, si existieran indicios, tendrían que ser incorporados a la correspondiente denuncia. Tales imputaciones parecen desconocer la separación de poderes en la que se basa un Estado de derecho y siembran dudas sobre la fortaleza de los pilares en los que este se asienta. La catarata de descalificaciones vertidas por aliados de Pedro Sánchez, propias de grupos populistas o que intentan desmontar el sistema constitucional, agranda su potencial peligro para la imagen de las instituciones cuando encuentra complicidad en el Gobierno, lo que debiera ser tenido en cuenta por quienes ahora lo ocupan o pueden hacerlo en el futuro. Las advertencias respecto al peligroso uso de la justicia como arma partidista arrojadiza a propósito de la amnistía sirven también para la ofensiva de la derecha contra el Tribunal Constitucional, cuyas decisiones pueden ser cuestionadas, pero sin incurrir en los mismos excesos de los que han sido objeto los magistrados del 'procés'.
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