Justicia sin arbitrariedad

No ha trascendido si García Castellón ha respondido a ese escrito. Un empeño que podría resultar baldío ante la visión suiza de que lo que se dirime en España es una cuestión de carácter político. De modo que la celebración de una reunión en Ginebra para planear los actos de Tsunami, la estancia en calidad de autoexiliada de Rovira en ese país o las señales de proximidad detectadas judicialmente entre ella y ese grupo, lejos de merecer la colaboración de la Oficina Federal para que la Audiencia Nacional prosiga sus investigaciones, exigirían poco menos que la cobertura democrática del Estado helvético.

El cruce de cartas entre García Castellón y Guillaume Rousseau revela carencias jurídicas en las rogatorias del primero, cuya instrucción presenta ángulos muy discutibles. Pero también prejuicios respecto a la calidad de nuestro sistema de garantías en la réplica del segundo. Rousseau requiere, además, información sobre el alcance de la amnistía, ante lo que el juez español tampoco podría aportar, por ahora, más detalles que los que ofrecen los medios en torno a la prórroga de la tramitación de la proposición de ley y el hermetismo con que el Gobierno y Junts discuten sobre la inclusión expresa o no de los delitos terroristas y de alta traición en su articulado, y sobre cómo blindarla para que los tribunales no puedan objetar o dilatar su aplicación. Del mismo modo que la actitud de la Oficina Federal suiza forma parte de las garantías del Estado de Derecho, las reservas judiciales y constitucionales que esperan a la promulgación de la amnistía contribuirán a que se haga justicia sin arbitrariedad.