Una Justicia a subasta

Nada cabría objetar de las palabras del fiscal general en cuanto a la «primacía de la ley como expresión de la voluntad popular», siempre y cuando las novaciones legislativas no sorteen bases constitucionales, las fuercen en exceso, concedan un amplio margen a la arbitrariedad interesada o presenten fallas jurídicas que propicien la injusticia. Álvaro García Ortiz recordó a los nuevos fiscales que se deben al «estricto cumplimiento de la legalidad, la imparcialidad, la unidad de actuación y la dependencia jerárquica». Pero no es fácil que la invocación constante a este último requisito permita desarrollar de manera armoniosa los otros tres, incluido el de «unidad de actuación». Aunque el Estatuto del Ministerio Público avale la legalidad de los nombramientos realizados por García Ortiz, son demasiados los partícipes de la carrera fiscal quienes objetan de su sesgo como para suponer que no pasa nada.

La instrucción dirigida a los fiscales de Cataluña para que consignen los casos susceptibles de beneficiarse de la amnistía en trámite parlamentario serviría para adelantarse a su aprobación final, puesto que serían de trámite prioritario. Pero la abismal controversia al respecto hará que ese listado sea motivo de disputa incluso entre los partidarios de la medida.