El ladrillo crece de nuevo

El auge de Cantabria como destino habitual, por sus atractivos tradicionales y más recientemente como refugio ante las temperaturas cada vez más extremas de otros lugares receptores de visitantes, es la principal causa de este nuevo resurgir de la construcción, que significa inversión y garantiza recurrencia en las estancias de personas con un poder adquisitivo medio-alto.

Algunos de los problemas de la vivienda en nuestra Comunidad poco tienen que ver con este fenómeno. El enquistado asunto de los derribos de construcciones declaradas ilegales, que fueron adquiridas de buena fe, ha minado la salud y el patrimonio de decenas de familias y sigue sin resolverse más que en algunos casos muy concretos. Y la dificultad de las nuevas generaciones para acceder a una vivienda adquiere la categoría de estructural, pues el porcentaje de salario destinado al alquiler se incrementa sin freno y obliga a retrasar la emancipación o a compartir piso hasta edades cada vez más avanzadas.

Ante el dudoso éxito de algunas medidas recientemente legisladas, como los precios máximos de alquiler en las llamadas 'zonas tensionadas', que a medio plazo retraen la oferta y la dirige hacia los pisos turísticos, las administraciones disponen de una serie de mecanismos, quizá no suficientemente activados. Las viviendas de promoción pública, para venta o alquiler, las ayudas a las rentas más bajas o las deducciones en determinados supuestos. Pero, ante todo, está en las manos de Gobiernos y Ayuntamientos conseguir la seguridad administrativa y jurídica de la promoción inmobiliaria y agilizarla en sus trámites más complejos.

Los planes urbanísticos empantanados durante legislaturas privan de suelo al sector, y por tanto, reducen la oferta. En vez de ordenar y regular el desarrollo de la ciudad, lo frenan y hasta lo impiden sin motivos ambientales ni de otra índole. Y las maquinarias burocráticas, lejos de preservar el territorio, convierten casi cualquier operación en relación con la construcción en un interminable fárrago que atrasa y lleva a los promotores al desestimiento.

A nadie se le oculta que ambas materias, la planificación urbanística y su control y supervisión administrativa, son complejas y requieren de unos determinados plazos y procedimientos. Pero tampoco que las dos son competencia exclusiva de las Administraciones, y que son palancas que tienen una incidencia directa en el mercado inmobiliario por la vía de facilitar la oferta. No se trata de fomentar una nueva burbuja, sino de atender la demanda existente y facilitar así la estabilización de los precios y el acceso a un bien imprescindible.