'Lawfare' contra los jueces

En ambos casos, el partido que durante más tiempo ha gobernado el país y que se dispone a continuar haciéndolo de la mano de Sánchez preludia los puntos de acuerdo de un preámbulo que, con ERC, hace suyo el «choque de legitimidades» entre la voluntad popular y las resoluciones judiciales que ha constituido siempre uno de los pilares argumentales del separatismo para despreciar las sentencias del TC y las consecuencias penales que se derivaron de su sostenido incumplimiento; en particular, con el referéndum ilegal del 1-O y la declaracion unilateral de independencia. Una narrativa sesgada del 'procés' que se acentúa en el texto acordado con Junts, en el que los socialistas asumen la denuncia del presunto 'lawfare' y abren la puerta a que las comisiones de investigación en el Congreso enmienden las actuaciones del Poder Judicial independiente del Ejecutivo y del Legislativo.

La mayoría de 179 escaños, a la que ayer se sumaron el PNV y Coalición Canaria, que ha logrado cuajar Sánchez le permite sacar adelante una investidura legítima que no justifica por sí misma ni el cariz de sus pactos ni, singularmente, la amnistía que da cobijo al gravísimo señalamiento de la justicia española como prevaricadora por desplegar una 'guerra sucia' contra el independentismo. Una concesión a quienes violentaron la legalidad estatutaria y constitucional en Cataluña que contraviene la historia del PSOE como partido de Estado y deslegitima el rechazo a la deriva del Govern de Puigdemont con el que cerró filas, cuando tocó, el socialismo de Sánchez.