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El Rey propuso ayer a Pedro Sánchez como candidato a la investidura. El presidente en funciones compareció para anunciar que desde hoy iniciará conversaciones con los responsables de todos los grupos parlamentarios, con excepción de Vox. «Generosidad» fue el término que empleó Sánchez para evitar ... la palabra amnistía, asegurando que lo que se conceda a cambio de los votos precisos para la investidura contará con la mayoría del Congreso, y tendrá que pasar por el Tribunal Constitucional –en tanto que el candidato espera que sea inmediatamente recurrido–. Pero desechó el referéndum de autodeterminación como medida de canje, por inconstitucional y porque «es contrario a lo que he defendido siempre con mi palabra y con mi acción», interpretando que «lo que quieren los catalanes es el reencuentro con el conjunto de la sociedad española». Esto último parece evidente. Lo atestigua el declive electoral del independentismo. Pero, junto a ello, los dos partidos secesionistas que el 23J obtuvieron escaños en el Congreso –ERC y Junts– tienen la llave de la gobernabilidad propuesta por Pedro Sánchez. Cuando no coinciden con el dictamen del presidente en funciones respecto a que el mencionado reencuentro sea de interés común, pueda producirse sin desbordar los cauces del Estatut y de la Constitución vigentes, o no precise la constitución de una república independiente.
La negación del referéndum por inconstitucional no puede servir para dar carta de naturaleza a la promulgación de una amnistía cuya constitucionalidad esté en entredicho. La palabra ha sido evitada hasta el momento por los socialistas, hasta convertirla en tabú. Mientras que no sólo los independentistas reclaman su aplicación, sino que también la defienden desde Sumar. Añadiendo además un requisito clave, que podría coincidir con las exigencias independentistas. En palabras de Enrique Santiago, «la amnistía sólo tiene razón de ser si contribuye a arreglar el conflicto». No sería un acto de Justicia frente a una injusticia supuestamente cometida. Sería una medida netamente partidaria. Aunque sólo válida si resulta útil para zanjar un conflicto que, por otra parte, el candidato Sánchez ciñe a la confluencia entre los catalanes y el resto de los españoles. El candidato a la investidura deberá desentrañar el enredo para antes del 27 de noviembre. Siendo probable que la incógnita de la investidura se mantenga hasta el último minuto, y la legislatura siga tan en el aire como los efectos jurídicos de la amnistía.
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