Una legislatura en el alambre

El PSOE ha ganado un primer pulso al colocar a Francina Armengol al frente de la Cámara baja y garantizarse el control de los tiempos en ella. De haber cedido esa baza a un PP con plenos poderes en el Senado, es muy posible que los obstáculos difícilmente salvables con los que habría tropezado un eventual Ejecutivo «de progreso», unidos a la falta de socios de los populares para alcanzar la Moncloa, hubiesen conducido a una pronta repetición de las elecciones.

El pacto materializado ayer no descarta por completo esa hipótesis. Los independentistas catalanes se apresuraron a advertir que en modo alguno condiciona su voto en la investidura si el Rey encomienda al líder socialista que se someta a ella. Sin embargo, abre la puerta a un posible entendimiento, que se prevé de muy complicada gestación si se enrocan en exigencias que tensionan al máximo las costuras del Estado o resultan abiertamente contrarias al ordenamiento constitucional. Las negociaciones al límite para la Mesa del Congreso son un mero anticipo de ello. Junts y Esquerra ha arrancado al PSOE una cesión de alto valor simbólico, como el uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento español, además de comisiones de investigación sobre el 'caso Pegasus' y los atentados yihadistas en Cataluña. Más controvertida es la articulación de «vías legales» para lo que Oriol Junqueras denominó «el final de la represión por el 1-O», una suerte de amnistía por el 'procés' de muy difícil encaje jurídico, de la que no se conocen detalles y que los socialistas –que han de ser conscientes de los límites en los que pueden moverse– eludieron confirmar.

La alianza entre la izquierda, el PNV y el soberanismo catalán y vasco frustró las esperanzas del PP de dirigir la Cámara baja, además del Senado, donde goza de mayoría absoluta. Coincidió, además, con una sonora ruptura entre los populares y Vox al negarse a unir sus votos para el reparto de puestos en la Mesa, lo que es dudoso que se hubiese producido de haber contado con opciones de hacerse con su control y deja al grupo de Santiago Abascal fuera de ella pese a ser el tercero con más diputados. Está por ver si ese factor, que obliga a Alberto Núñez Feijóo a revisar su estrategia, tiene alguna incidencia en la elección del candidato a la investidura que ha de proponer el Rey.

Es paradójico que un independentismo catalán en pleno declive en las urnas tenga en sus manos la gobernación del país. Más aún que el signo del próximo Ejecutivo y la suerte de cada una de sus decisiones que pase por el filtro del Parlamento dependan del «mando a distancia» –en palabras del preocupado socialista García-Page– de Puigdemont por el tóxico frentismo instalado en la política española que impide cualquier entendimiento entre los dos grandes partidos. Esa situación no justifica una permanente subasta sin fin en la que cualquier cesión sea posible. Sí garantiza, por desgracia, una legislatura en el alambre.