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El Gobierno hizo gala ayer de su inclinación hacia la resiliencia y la temeridad institucional. Decidió jugar al todo o nada con tres decretos leyes con los que pretendía dar impulso a la legislatura rechazando la posibilidad de que las diversas medidas incluidas en ellos ... fuesen votadas por separado. Convirtió su tramitación en un acto eminentemente político, sin duda porque necesitaba demostrarse a sí mismo que domina la situación. Solo que en el último minuto tuvo que aceptar nuevas y controvertidas cesiones a Junts para que permitiera la convalidación 'in extremis' de esas disposiciones. Un fracaso habría supuesto un mayúsculo revés para el Ejecutivo en el inicio de un mandato en el que Carles Puigdemont ha querido exhibir hasta qué punto tiene en sus manos el destino del país, lo que a su vez refleja la inestable mayoría en la que se apoya Pedro Sánchez.
Las competencias sobre migración serán delegadas en su integridad a la Generalitat como si ello fuese jurídicamente posible. Se procederá a la publicación inmediata de las balanzas fiscales entre Cataluña y el resto de España como si su conocimiento resultara de entrada ventajoso para esa comunidad. Se suprimirá el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil como si ello sirviera para universalizar la amnistía. Todo ello, con el compromiso añadido de intentar facilitar el regreso de las empresas que trasladaron su sede de Cataluña tras el 'procés' sin que se sepa cómo podría lograrse al margen de las compañías concernidas.
Sánchez demostró que su capacidad para sortear las dificultades de la legislatura mediante concesiones de incierto alcance a Junts es muy superior a las posibilidades que tiene Yolanda Díaz para persuadir a Podemos de que renuncie al marcaje sobre Sumar. Sencillamente porque Ferraz no disputa espacio electoral común alguno con Waterloo, mientras que la confrontación fratricida a la izquierda de la izquierda condujo a que decayese la reforma del subsidio de desempleo auspiciada por la ministra de Trabajo. Pero esa misma dicotomía en la coalición de Gobierno será una fuente añadida de tensiones. La prórroga de las medidas anticrisis o para digitalizar la Administración de Justicia, más allá de las carencias y de los aspectos discutibles que presenten, resultan beneficiosas para el conjunto de la sociedad. Nadie debería lamentarse de que entren en vigor ya. Pero sigue siendo abusivo el recurso a los decretos leyes.
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