La legislatura de Junts

Las acusaciones de «prevaricación» y de «fabular» para impedir la aministía lanzadas por los portavoces independentistas contra los jueces que aún investigan causas vinculadas al 1-O responden a un juicio de intenciones que no tiene cabida en el Congreso. Tales invectivas lanzadas por Junts, ERC, EH Bildu y Podemos, pero también por Sumar –que participa en el Gobierno– tratan de situar la potestad del Legislativo como algo irrefutable por parte de las instancias judiciales y cuestionan el Estado de Derecho. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, estuvo acertado al reprobar tales palabras. No obstante, habría sido más conveniente que lo hiciera antes de conocerse el resultado de la votación, no después, y que también hubiera aludido a las sospechas sobre las supuestas intencionalidades políticas de algunos magistrados que han deslizado dirigentes del PSOE.

El pleno de ayer ofrece la imagen de un Gobierno con pies de barro y somete a los socialistas y a su díscolo aliado a un pulso de quince días en la comisión de Justicia del Congreso para ver quién cede. O Sánchez o Puigdemont. Citándose mutuamente ante el vértigo de que al final no haya ni amnistía ni legislatura. A no ser que ambas sean aún más de Junts.