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El Congreso aprobó ayer el paso a trámite de la proposición presentada por el PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG para el uso sin límites de las lenguas cooficiales autonómicas en la Cámara baja mediante una reforma de su Reglamento. Lo hizo ... al final de una sesión en la que la presidenta Armengol concedió a los portavoces parlamentarios la posibilidad de hacerlo ya. El reconocimiento institucional de nuestra diversidad lingüística constituye un valor positivo para la convivencia. Lo preocupante es que haya llegado de la mano de una nueva confrontación entre bloques, en la que las formaciones independentistas y nacionalistas han convertido esa presencia en una justificación más de su eventual apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Ello traza una nueva línea divisoria a cuenta de las lenguas, que no contribuye ni al uso desdramatizado de éstas, ni al entendimiento en una España plural. Consumados los hechos sin el debido consenso, solo cabe esperar que las formaciones que ayer trataron de presentar cada lengua distinta al castellano poco menos que como si fuese una causa objetiva de secesión renuncien a instrumentalizarlas en adelante. Mientras que el Partido Popular y también Vox deberán hacer un esfuerzo para que su discrepancia hacia la forma o el fondo de la medida no convierta el asunto en agraviante para nadie.
Una corte plurilingüe no favorece necesariamente el entendimiento ni el desarrollo social de las distintas lenguas. Pero tampoco los coarta, a no ser que se perpetúe la diatriba. Dependerá, entre otras cosas, de lo que se comunique en catalán, euskera y gallego. Del rango de uso que les confieran los parlamentarios. Porque de poco valdrá que recurran a sus respectivas lenguas vernáculas para saludos y preámbulos sin importancia. O que en ellas se dirijan solo a los propios y recurran al castellano para los demás. La utilización mayor o menor de los pinganillos dará la medida tanto del interés que despierta lo que se dice en lenguas distintas al castellano, como de la aversión irracional que genere su uso. El Gobierno ha resuelto priorizar la presencia del catalán en las instituciones europeas, por delante del euskera y del gallego. Es de esperar que lo haya hecho en atención al mayor número de catalanohablantes y no a las exigencias del independentismo. El paso que se va a dar con la reforma del Reglamento del Congreso precisa también de que la Cámara asuma un debate e, incluso, un estudio general sobre la política relativa a las lenguas en España.
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