Una ley forzada políticamente

El Gobierno recuerda una y otra vez que ahora es el momento de los jueces. Desentendiéndose así de lo que pueda ocurrir con una ley escrita de manera tan forzada políticamente. El secesionismo catalán podría estar en condiciones de metabolizar las decepciones que emanen de la aplicación efectiva de la Ley de Amnistía, puesto que el victimismo ante la 'represión' forma parte de su corpus identitario. Con la salvedad de que el Tribunal Supremo entienda que Carles Puigdemont no puede beneficiarse del olvido legal, ni librarse de su detención y encarcelamiento si regresa a España. Sin que el Ejecutivo pueda llamarse a andanas en el caso de que la interpretación judicial de la ley impida o dificulte que Puigdemont vuelva a tomar las riendas de la Generalitat porque no le alcance la amnistía, o no lo haga a tiempo.

Pero, al final, lo peor de la amnistía sería que las objeciones judiciales a la aplicación que pretende el independentismo acaben señaladas como muestra de 'lawfare', contra el principio de independencia de los poderes del Estado. Y no solo por quienes demandan el olvido, sino también por quienes el 23 de julio pasaron de considerarla totalmente inconstitucional a defenderla como plenamente constitucional. El argumento de que los jueces deben abstenerse de contravenir la voluntad del Legislativo cae por su propio peso si son normas e instancias superiores las que obligan a ello.