Leyes señeras de la izquierda

El Congreso aprobó ayer dos de las iniciativas legislativas recogidas en la agenda del Gobierno que más interesaba sacar adelante al Ministerio de Igualdad de Irene Montero: la reforma de la ley del aborto de 2010 y la ley trans. La tramitación final de la primera se ha producido, afortunadamente, después de que el Constitucional se pronunciara a favor de la hasta ahora vigente, aunque habría sido mejor contar, además, con la literalidad de una sentencia todavía pendiente de redacción. La obligación que el sistema público tiene a partir de ahora para aplicar la ley de plazos, la extensión del registro de profesionales objetores de conciencia al sector privado, la atención que la regulación presta a la salud menstrual o las mejoras en cuanto a salud reproductiva son avances que no impiden la preocupación por otros factores. Por ejemplo, que las jóvenes puedan abortar a partir de los 16 años aunque en todo lo demás se vean tuteladas, la eliminación de los tres días de reflexión previa a una decisión irreversible o, en otro plano, que se despachen las gestaciones subrogadas como una manifestación de violencia contra la mujer mientras de facto el legislador se muestra permisivo con recurrir a esta fórmula en el extranjero.

La ley trans fue aprobada con el voto favorable del PSOE, UP, ERC, EH Bildu, CUP y Más País, mostrándose como una opción genuina de las izquierdas. A pesar de las desavenencias que el proyecto de Podemos había suscitado en la coalición de gobierno y la división en el feminismo, los socialistas se avinieron ayer no solo a despatologizar la identidad de género ajena al patrón binario hombre-mujer, sino a asumir su libre determinación como acto de voluntad de la persona que quiera identificarse así. El legislador debía dar una respuesta positiva a quienes se reclaman de una naturaleza imposible de reducir al sexo biológico, con una salida que no perpetuara su dolor y exclusión. Pero la atomización identitaria –que implica también la segmentación del propio colectivo LGTBIQ– corre el riesgo de afectar negativamente a la superación de las injusticias derivadas de la prevalencia de la mitad de la Humanidad –los hombres– sobre las mujeres. Del mismo modo que la realización efectiva de la igualdad entre personas de una identidad de género cada vez más diversa puede dar lugar a la colisión entre derechos, problemas jurídicos y tensiones sociales imposibles de solventar mediante el mero enunciado del principio de autodeterminación.