Limpieza de urnas

Comprar y vender votos constituye un delito que vulnera y desacredita gravemente los fundamentos de la democracia. Además, quienes así actúan tratan de aprovecharse del estado de necesidad de personas en serias dificultades, lo que incrementa la bajeza de su proceder, que puede afectar sobre todo a localidades pequeñas en las que los perpetradores del fraude conocen a casi todas las personas de un censo limitado y es suficiente que unas cuantas se hagan partícipes del ilícito para condicionar la composición del ayuntamiento correspondiente. El daño que tales prácticas hacen a la credibilidad del proceso electoral y a la legitimidad de las instituciones debió ser reparado estos últimos días con mayor sentido de Estado por parte de las formaciones que concurren a las urnas el domingo. Aunque es de esperar que enmienden su indolencia hoy mismo y de manera inequívoca con una llamada unánime a la participación, mientras condenan sin ambages los escandalosos hechos que han trascendido a la opinión pública.

No basta con invocar la presunción de inocencia de las personas detenidas o bajo investigación. Es imprescindible que en el momento del recuento del 28M no quede rastro alguno de sospecha en ninguna localidad de España, de manera que ningún partido y ningún ciudadano caigan en el despropósito de poner en solfa el escrutinio en un pueblo, y mucho menos de proyectar hacia el conjunto del sistema la desconfianza que alientan los enemigos de la libertad.