Maltratados por la Administración

La política urbanística en Cantabria merece una reflexión, primero en base a los datos que hoy aporta este periódico –263 viviendas han sido demolidas;463 tienen una sentencia firme de derribo;y más de doscientas personas han fallecido antes de conocer qué ocurriría con sus casas– y segundo, en el análisis de las diferentes normas que los gobiernos regionales han ido impulsando.

El Plan de Ordenación del Litoral, aprobado en el año 2004, llegó con el objetivo de asegurar una protección efectiva e integral para el área costera y así fue celebrado. Sin embargo, el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), el documento principal que debe fijar las directrices para la ordenación del territorio, establecer las prioridades de la acción económica gubernamental en el ámbito de las infraestructuras y definir el modelo territorial, sigue todavía en fase de redacción y es la gran asignatura pendiente para el Gobierno regional, que ha fijado como reto aprobarlo esta legislatura y así hay que demandarlo. La Ley regional del Suelo ha sido sometida a numerosas modificaciones desde su publicación –las últimas tres en tan solo 18 meses– y la aprobada esta misma legislatura para facilitar la construcción en suelo rústico está bajo la amenaza de quedar anulada tras la advertencia desde el Gobierno central de que puede ser inconstitucional. Por último, de los 102 municipios de Cantabria, solo 18 cuentan con Plan General de Urbanismo.

Con todo este panorama, es necesario exigir al Gobierno regional y a los ayuntamientos que legislen en materia urbanística para ofrecer a las empresas promotoras en general y a los ciudadanos en particular todas las garantías necesarias a la hora de construir y acceder a la propiedad de las nuevas viviendas; y más ahora que aparecen en el horizonte numerosos proyectos urbanísticos en diferentes municipios de la región, como ha informado este periódico en las últimas semanas.