El mandato de la dana

El resultado final de la dana se dirime, así pues, en esos dos escenarios llamados inevitablemente a entrecruzarse, pero que deben compartir un objetivo común: reparar en lo posible el desgarro humano y el destrozo material causados por la virulencia de una tormenta cuyas devastadoras consecuencias ya se sabe que pudieron haberse mitigado –a ello ha apuntado la jueza de Catarroja– con una intervención más consciente, diligente y coordinada de quienes estaban interpelados a actuar.

A la instructora le corresponde escribir esa verdad judicial en primera instancia, decidir si persevera en las imputaciones de la exconsejera Salomé Pradas y el exsecretario de Emergencias Emilio Argüeso y si las amplía o no. Pero mientras ella dilucida, los responsables institucionales han de priorizar el bien común de los valencianos, con el mandato insoslayable de cooperar mientras las circunstancias judiciales o políticas no varíen. Mandato que interpela, antes que a nadie, al president Carlos Mazón, urgido a sacar adelante la reconstrucción tras haberse poco menos que evaporado en el trance en que su ciudadanía más precisaba de su presencia. Y llamado a preservar un respeto a la Generalitat que dirige que evite gestos interesados como emplazar a Pedro Sánchez a reunirse en el Palau, a modo de legitimación encubierta de un liderazgo, el suyo, en la picota.

Pero los dislates de Mazón y de otros miembros de su Administración no eximen al Ejecutivo de Sánchez ni de conducirse con cautela, evitando cualquier sospecha de ventajismo, ni de su debido compromiso con los valencianos. La obligatoriedad de que las víctimas sepan la verdad le atañe, lo que incluye fiscalizar, también, a la Confederación Hidrográfica del Júcar.