En manos de los jueces

Las negociaciones entre el Gobierno y Carles Puigdemont trataron hasta el último minuto de blindar el articulado de las potestades de la Justicia, que ya han comenzado a aflorar al defender los fiscales del 'procés' que no es amnistiable la malversación del expresidente de la Generalitat. La endeblez jurídica de la ley y la propia naturaleza del Estado de Derecho hacen inevitable su supervisión por parte de los tribunales, cuyas decisiones podrán ser discutibles, pero deberán suscitar el máximo respeto. Empezando por el levantamiento o no de las medidas cautelares en vigor y con la suerte que pueda correr el líder de Junts como la incógnita políticamente más relevante en manos del Supremo. Todo a la espera de que se resuelvan los recursos de inconstitucionalidad que ayer mismo empezaron a anunciar las comunidades del PP.

Eufóricos, los secesionistas corrieron a enarbolar su siguiente exigencia, un reférendum de autodeterminación, cuya absoluta incompatibilidad con el marco legal vigente desdeñaron con el argumento de que esa misma tesis fue esgrimida frente a la medida de gracia aprobada ayer. De sus palabras no se desprende que esté blindada la legislatura para Pedro Sánchez, cuya ausencia del debate –solo ocupó su escaño para votar– indignó a la oposición. El efecto benefactor que ha podido tener la amnistía para la convivencia en Cataluña contrasta con la contestación social que ha suscitado en el resto del país.