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El Ministerio de Economía de Nadia Calviño dio a conocer este lunes su propósito de habilitar esta misma semana un Observatorio de beneficios empresariales, para ... lo que estaría ultimando los términos de la participación del Banco de España en el proyecto. Se trataría, según el Gobierno, de instituir un indicador que sirva de referencia al diálogo social. La iniciativa, sindical en origen, formaba parte de los planes que manejaba la coalición gobernante antes de que el presidente Sánchez decidiera convocar comicios generales para el 23 de julio. Pero adquiere un sesgo inevitablemente electoralista cuando se pretende su puesta en marcha en vísperas de la campaña oficial.
La generación de beneficios por parte de determinadas empresas y sectores cuando el país en su conjunto trataba todavía de dejar atrás la pandemia y sus efectos sociales suscitó no poca perplejidad y disgusto en la opinión pública. Pero tales resultados no se debieron única ni fundamentalmente a los obtenidos por esas compañías en España. Es hasta cierto punto comprensible que los sindicatos reclamen un indicador de beneficios empresariales a la hora de discutir sobre salarios y cotizaciones, a nivel general y convenio por convenio. Sin duda con el ánimo de que sirva para indexar sus demandas. Pero resulta imposible evaluar los márgenes de las empresas con un solo dato. Incluso si se admite la percepción de que su obtención detrae recursos que podrían destinarse a incrementar salarios y cotizaciones además de nuevos empleos en la firma de la que se trate, gran parte de esos beneficios dan lugar a más inversiones, a proyectos de innovación y a la internacionalización de compañías y negocios que conllevan su cuota de rentabilidad social. Y se debe tener en cuenta, también, la concurrencia de sociedades con muy distintos resultados en cada sector y en cada ámbito territorial.
Una campaña electoral en la que los socios del mismo Gobierno discuten en público sobre el alcance del indicador que querría inaugurar de inmediato la vicepresidenta, y en la que la iniciativa se suma a la polarización partidista, no parece el mejor momento para alumbrar un observatorio que precisa del máximo consenso parlamentario. Y es aún más incomprensible que se trate de establecer una metodología solvente para el seguimiento de una realidad tan compleja y fluctuante sin contar con las empresas, como censura la CEOE.
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