Migración intransferible

El Gobierno no puede eludir el debate sobre la competencia en el control de fronteras, que afecta además a la responsabilidad ante Europa respecto a corrientes migratorias procedentes de África y de América. Pero sería un dislate que, tras más de cuarenta años de trayectoria autonómica, se promulgara una ley orgánica para ofrecer a las comunidades una delegación a voluntad de las tareas de inmigración que el Ejecutivo resuelva ceder a Cataluña a través de Junts, más que mediante un acuerdo con la Generalitat. La viabilidad de la ley orgánica apalabrada por Félix Bolaños con el grupo parlamentario posconvergente parece más que incierta, porque no será fácil alcanzar una mayoría absoluta en torno a un texto que satisfaga a Carles Puigdemont.

El problema no está en la aplicación del artículo 150.2, siempre que junto a la anuencia de las Cortes exista una aceptación unánime por parte de todas las autonomías, sino en que Junts quiere una política aparte en Cataluña. Aparte del resto de España, en línea con la Europa más reacia a la acogida. Y Sánchez prefiere no verlo. Aunque el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, irrumpió ayer en su calidad de portavoz de Sumar enmendando a la totalidad al Gobierno del que forma parte.