La nueva pauta alemana

Berlín, que se distinguió por una política de puertas abiertas en la crisis migratoria de 2015, da así un giro radical a su estrategia en ese ámbito. Con él persigue un doble objetivo. Por un lado, aplacar las críticas de la oposición y las presiones de los municipios y los 'lander' que se declaran sobrepasados por la gran cifra de refugiados y demandantes de asilo a los que han de atender. Por otro, frenar el ascenso del partido ultraderechista AfD, aunque sea a costa de asumir parcialmente su discurso, así como el desgaste del Ejecutivo en un país en el que el débil pulso de la economía aumenta la sensibilidad del electorado hacia esta cuestión. El Ministerio del Interior calcula que 50.000 personas podrían ser expulsadas de forma inmediata si la norma estuviese ya en vigor. La medida, que requerirá acuerdos con sus países de origen, permitirá, según el Gobierno, cumplir «la responsabilidad humanitaria» de proteger a los 1,1 millones procedentes de Ucrania.

Una Alemania eminentemente de recepción ha decidido mostrarse más renuente a la migración masiva. Es evidente que los cambios introducidos por el Gabinete de Scholz no obedecen a una saturación objetiva del espacio disponible con 84 millones de habitantes. La saturación es de orden más perceptivo e incluso ideológico. El anuncio de que diez parlamentarios de Die Linke –formación equiparable a Sumar o a Podemos– han decidido crear un partido de izquierdas crítico con la migración revela hasta qué punto las reservas sociales y culturales hacia los que vienen de fuera han hecho mella en la sociedad germana en el primer cuarto de este siglo. Un mensaje que podría calar en España y en el resto de la UE.