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El debate sobre la reducción del tiempo de trabajo y la flexibilidad de la jornada laboral es cada vez más recurrente. Las negociaciones entre los agentes sociales para implantar las 37,5 horas semanales y la aspiración a concentrarlas en cuatro días son muestras de ... los nuevos usos económicos y sociales y su traslación al ámbito laboral.
Esta pretensión, centrada en los países desarrollados, de ampliar el tiempo de ocio, la dedicación a la familia y otras actividades personales, está estrechamente vinculada a los avances tecnológicos, la digitalización y la robotización de múltiples sectores. Ya es casi un lugar común la máxima que asegura que cualquier actividad repetitiva la hará una máquina. Aunque haya serias dudas de que vaya a ser totalmente cierta, no las hay de que muchas tareas, en virtud de las herramientas informáticas y de los sistemas organizativos, cada vez requieren menos participación humana, que dedicaría más tiempo a idear, planificar y supervisar la actividad.
La realidad es que aplicar lo que para el trabajador, en principio, sería un beneficio, no se presenta como algo sencillo. Depende de numerosos factores, como el sector al que pertenezca, el tamaño de la empresa y el tipo de actividad que lleva a cabo. Más posibilidades de aplicarlo tienen las compañías de mayor tamaño, con régimen de turnos cubiertos por una plantilla más amplia, y aquellas que trabajan desarrollando proyectos, con plazos establecidos para ejecutarlos. Las pymes, los autónomos y los establecimientos pequeños con necesidad de atender unos horarios de apertura lo tienen más complicado.
El asunto clave es la necesidad de que las empresas ganen en productividad para no perder competitividad, pues en caso contrario su actividad se vería seriamente comprometida. Y esa mejora de la productividad, asunto pendiente de la economía española según la mayoría de los expertos, no aumenta de forma automática con la reducción de la jornada, como algunos pretenden, sino que requiere de un esfuerzo en organización y formación previo a la aplicación de las medidas.
Los sindicatos ven factible la reducción de jornada, se muestran favorables y consideran que facilitará la redistribución del trabajo. CEOE-Cepyme manifiesta sus dudas y cree que la posibilidad de llevar a cabo propuestas de este tipo necesita obligatoriamente un acuerdo previo y que su implantación dependerá del sector. El Gobierno de Cantabria, por su parte, lo ve positivo siempre que la productividad no se resienta y vincula su puesta en marcha a las negociaciones entre empresas y trabajadores.
La posibilidad de implantar de modo generalizado una jornada reducida y concentrada se presenta como sumamente difícil. Es indudable que significaría un beneficio para el trabajador en activo, que ganaría en calidad de vida y en posibilidades de conciliar la actividad profesional y la personal. Es más dudoso que, de forma automática, implique la creación de más empleo. En todo caso, es el signo de los tiempos y una demanda que, de forma creciente, las nuevas generaciones reclaman. Con el teletrabajo como uso habitual que la tecnología ha facilitado, pero a la vez en repliegue en compañías que lo habían extendido y que, tras la experiencia, valoran las virtudes del contacto personal para el trabajo en equipo.
En todo caso, bienvenidas sean las medidas de flexibilidad, en beneficio tanto del trabajador como de la empresa, que faciliten la vida privada y a la vez atiendan los picos de producción. Organización y productividad siguen siendo las palabras claves.
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