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El Rey propuso a Alberto Núñez Feijóo como candidato a la investidura el pasado 22 de agosto. Dentro de una semana, el martes 26, dará inicio su trámite con la exposición del programa de gobierno por parte del líder popular. A no ser que se ... produzca alguna situación inesperada, Núñez Feijóo no obtendrá ni la confianza de la mayoría absoluta de la Cámara en primera votación, ni más votos a favor que en contra en la segunda. La única formación que podría aproximarse a favorecerle esto último, el PNV, insiste en que no se prestará a ello. Pedro Sánchez reitera que Núñez Feijóo está haciendo perder el tiempo al país, lo que seguramente se convertirá el próximo martes en uno de sus argumentos centrales en el Congreso. Pero si la victoria el 23 de julio legitimó el propósito del candidato popular, y la propuesta del Rey le dio autoridad constitucional, un factor añadido obliga a Alberto Núñez Feijóo a presentarse a la investidura. Las condiciones expuestas por el independentismo catalán para dar su voto al aspirante socialista –amnistía y referéndum–, y la rotundidad con la que el presidente en funciones asegura que continuará en la Moncloa, como si ya contase con el apoyo de ERC y de Junts. Ni siquiera la práctica certeza de que no saldrá investido permitiría a Núñez Feijóo renunciar a su candidatura y al debate, en sede parlamentaria, de lo que ha de significar una convivencia integradora. A eso se refería el líder popular en el mitin del domingo en Santiago, cuando declaró: «No sé si perderé la investidura, pero los españoles no van a perder su dignidad».
Las circunstancias por las que discurrirá la semana que viene son inéditas tanto para la política española como para el propio PP. La probabilidad de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, deba comunicar al jefe del Estado que la investidura de Feijóo resultó fallida permitiría al Rey proceder a consultas con los grupos parlamentarios para tratar de que la legislatura se abra paso y no tengan que convocarse de nuevo elecciones. En cuyo caso Sánchez podría contar con casi dos meses para allanar su propia investidura, que presentaría además como única salida para la gobernabilidad de España. Si los acontecimientos se suceden de esa manera, el PP deberá afrontar el momento con la responsabilidad de un partido con sentido de estado que gobierna muchas de las autonomías y municipios, y que no puede ensimismarse cuestionando liderazgos internos o perspectivas de futuro.
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