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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dio ayer por zanjado el «incidente puntual» por el «gesto inamistoso» en el que, tal como lo califica el Gobierno, incurrió la Embajada de Israel en Madrid al emitir un comunicado denunciando a «ciertos elementos dentro del ... Gobierno español». Una actitud acorde a la gravedad de la situación. Albares quiso recordar, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que solo él y Pedro Sánchez pueden hablar en materia internacional en nombre del Ejecutivo español. El requerimiento público al presidente por parte de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, para que España denuncie a Benjamín Netanyahu ante el Tribunal Penal Internacional fue, en sí mismo, una declaración inamistosa desde el seno del Ejecutivo. Proceder al reconocimiento voluntarista del Estado palestino, demandado también públicamente por Sumar de cara a las negociaciones para la investidura, podría situar a nuestro país en tierra de nadie en uno de los momentos más críticos que ha vivido Oriente Medio.
Las diferencias dentro de la coalición que aspira a seguir gobernando el país derivan, en buena medida, de la inexistencia de una política internacional consensuada como política de Estado. La clamorosa falta de diálogo al respecto entre los dos principales partidos –PP y PSOE– y la tendencia a convertir los intricados cambios que experimenta la geopolítica en materia propicia a la confrontación doméstica, contribuyen a que los extremos del arco parlamentario adquieran relevancia en sus aproximaciones ideologizadas a las incertidumbres de alcance global. La carencia de una política de Estado consensuada es lo que limita la capacidad de España de actuar con más personalidad en la esfera internacional. El bombardeo sobre el hospital gazatí de Al-Ahli obliga a todos los responsables públicos de las sociedades libres, también a los españoles, a renunciar a sus particulares escaladas de declaraciones. Tan flagrante vulneración del Derecho Internacional no puede hacer olvidar el ataque deliberado de Hamás del 7 de octubre. Pero carga de razón el propósito expuesto por Ursula von der Leyen ayer, al término del Consejo Europeo, de superar las contradicciones entre la defensa legítima de Israel y la protección de la población palestina radicada en Gaza. Un objetivo tan trabajoso y delicado que no permite ni demagogias ni oportunismos.
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