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La DANA que se desató sobre Valencia el 29 de octubre no ha puesto únicamente en entredicho los automatismos de avisos, alarmas y alertas para casos de tal gravedad. Ha revelado inquietantes carencias tanto en la diligencia de responsables públicos como en la sintonía efectiva ... entre las administraciones y delatado de lleno que la cogobernanza es poco más que un subterfugio en casos de extrema necesidad, amén del daño que a todo ello añade la inquina partidista. Trascurridos once días del inicio de una tragedia cuyas heridas tardarán décadas en sanar, al drama de las pérdidas humanas, a la desaparición física de viviendas, al cierre inevitable de negocios y a la devaluación de un entorno señalado en adelante por haber sucumbido a la furia de la naturaleza se le añade la incapacidad mostrada por la política institucional para afrontar de cara, primero, un riesgo anunciado en televisión y para operar inmediatamente después en auxilio de los afectados.
El catálogo de fallas que la riada ha aflorado parece ya inabarcable: desde la dilación en el anuncio persuasivo de una emergencia que ya cuando todas las carreteras y caminos eran impracticables se limitó a recomendar que nadie saliera a conducir a la tardanza en la asunción de la catástrofe esperando que no llegara a mayores. Resulta inadmisible que la consejera de Interior, Salomé Prados, desconociera hasta diez minutos antes de activarlo el día de autos, cuando la tragedia era ya una realidad, que el departamento que todavía dirige dispone de un servicio de alertas por telefonía móvil para situaciones de ese tipo. Y que en esas circunstancias el presidente autonómico, Carlos Mazón –también del PP–, llegara con casi dos horas tarde una reunión del comité de crisis por una comida con una periodista para ofrecerle dirigir la radiotelevisión regional.
Puede que una población tan acostumbrada a gotas frías difícilmente se sintiera concernida por un SMS. Pero la Generalitat contaba con el remedio de desgastarse en la alarma desde primera hora de aquel martes. Del mismo modo que el Gobierno central tuvo sobradas razones para insistir al respecto y no lo hizo. Toda una cadena de desidias en la que la administración de los asuntos públicos se ha mostrado a enorme distancia de las angustias sociales. La DANA pasará factura política. Y lo peor es que la pulsión más fuerte de partidos e instituciones sea eludir su pago antes que cumplir con sus obligaciones.
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Ana del Castillo
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