Un paso en la crisis migratoria

La medida es una forma de superar las trabas que impiden la aprobación de una nueva ley mientras se mantienen las negociaciones. El PP, partidario de explorar otras vías como las empleadas por Italia o Grecia que este pasado año redujeron el número de llegadas, insiste en rechazar cualquier distribución de menores no acompañados «no consensuada y sin una dotación presupuestaria adecuada» para evitar gestionar la «inmigración irregular» a golpe de decreto y ya temen que «si no hay soluciones de largo alcance en lo referido a la inmigración irregulatr habrá un decreto cada año repartiendo por toda España a los menores que llegan a nuestro país a través de mafias». Junts, por su parte, parece mirar más de reojo a Alianza Catalana, su rival en el flanco independentista con planteamientos que bordean la xenofobia.

El bloqueo revela la incapacidad política para abordar en toda su dimensión el complejo fenómeno de la inmigración, que va mucho más allá de una distribución equitativa de unos menores que precisan de un seguimiento en profundidad para procurar su integración en favor de la convivencia y que, además, exige una mayor colaboración con sus países de origen. Por muy voluntariosas que sean algunas medidas, son aún insuficientes para dar una respuesta a la altura del drama humanitario que se vive en aguas entre África y Canarias, en las que se han dejado la vida más de 10.000 personas el año pasado.