Poder judicial en precario

Los cinco años que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva en funciones o caducado se han convertido en parte del paisaje que denota el profundo desencuentro entre los dos principales partidos del país, PP y PSOE. La diatriba sobre el obligado cumplimiento de ... las previsiones constitucionales, la necesidad de que los poderes del Estado actúen por separado para asegurar su equilibrio, las dificultades del PP para justificar su negativa a renovar el órgano de gobierno de las instancias judiciales y que el PSOE tampoco se muestre capaz de explicar su indisposición a facilitar el acuerdo, llevan a olvidarse de algo muy importante: la seguridad institucional que requieren los funcionarios públicos que investigan, procesan y juzgan, y la confianza de los ciudadanos respecto al ejercicio de la justicia, que se resienten muy seriamente por tan injustificable bloqueo. Cinco aproximaciones fallidas entre el PSOE y el PP dan cuenta de un imposible. Bien podrían llegar a seis, siete y más, dado que ni los partidos concernidos por la mayoría parlamentaria precisa para actualizar el Consejo buscan una solución al problema. Más bien se trata de esgrimirlo como reproche mutuo entre socialistas y populares, mientras la gente no incluye la renovación del CGPJ entre las reivindicaciones sociales más acuciantes. Sencillamente porque la inquina entre ambas formaciones acapara el asunto. El presidente Sánchez asimiló ayer la interinidad del CGPJ a la 'lawfare' que, tras consignarse en el acuerdo entre el PSOE y Junts sujeto a verificación internacional, todavía no ha sido detallada como denuncia. Con lo que daba pábulo a la existencia de una distorsión politizada en la actuación de la justicia. El ministro del ramo, Félix Bolaños, insistió en que la Comisión Europea está preocupada únicamente por la renovación pendiente del CGPJ, sin reconocer cuáles son exactamente los motivos de su inquietud. El presidente del propio Consejo, Vicente Guilarte, ha propuesto dejar en manos de jueces y juristas los nombramientos de quienes deban hacerse cargo de instancias jurisdiccionales, para así restar estímulos a la avidez partidaria respecto al CGPJ. El PP está interesado en la prórroga de una situación insostenible. Pero no lo está mucho menos el PSOE. La salida se encuentra en la reforma de la norma orgánica, para que los jueces se autogobiernen y se responsabilicen plenamente de la justicia, siempre en cumplimiento de la ley.