El precio de la investidura

El escrutinio del 23 de julio no despejó el interrogante crucial de la gobernación. Una vez demostrado que Alberto Núñez Feijóo no podía contar con los escaños suficientes para acceder a la Moncloa, la candidatura de Sánchez parecía inapelable. Solo que conllevaba un precio no únicamente para su partido, sino para el país. De la misma manera que las opciones de poder del PP brindaban a Vox la oportunidad de hacerse valer, la investidura de Sánchez va acompañada del vértigo que implica el traspaso de líneas rojas dibujadas por las grandes formaciones en el inicio de la Transición, una arriesgada apuesta que encuentra su principal elemento argumental en el lema «parar a la derecha», cueste lo que cueste, en un contexto de exacerbada y preocupante polarización.

El presidente en funciones justificó su cesión en la amnistía por el 'procés' como una manera de hacer «de la necesidad virtud» para garantizar la continuidad de un Ejecutivo «de progreso» que pueda completar una gestión no exenta de reseñables avances sociales. El negociador del PSOE Santos Cerdán insistió ayer en ello y en que el acuerdo firmado en Bruselas respondía al «mandato» ciudadano del 23J. Es significativo que ningún portavoz socialista valorara la literalidad del pacto en cuanto a la naturaleza del «conflicto histórico» que pretende solventar, por ejemplo, o de lo que pueda dar el borrado de delitos exigido por los independentistas, para subrayar en cambio las medidas izquierdistas que posibilitará cuando el documento no hace ninguna alusión en ese sentido. Más llamativo resulta aún que el secretario de Organización socialista sostuviera que se trata de un acuerdo de legislatura cuando la literalidad del documento y las advertencias posteriores de Puigdemont lo desdicen sin género de duda.

Sánchez se asegura la reelección no solo al precio de dejar en el aire la legislatura, sino de tensar la cuerda del Estado de derecho, la lealtad armónica entre las instituciones y las bases constitucionales de convivencia. Es lógico que muchos ciudadanos se aferren, con la mejor de las voluntades, a la idea de no dramatizar al respecto. Actitud que entre los socialistas y sus aliados más próximos adquiere una connotación claramente interesada al esperar que tras la conformación del nuevo Gobierno todo siga más o menos como antes. Pero algo se ha quebrado y está en la factura por los votos del secesionismo. Algo que va más allá de la alternancia cíclica, de la pluralidad y de la diversidad. Si la amnistía a cambio de un puñado de votos señala al Poder Judicial, el inusual pronunciamiento conjunto de las cuatro principales asociaciones de jueces advirtiendo de una posible «quiebra» en la separación de poderes, un pilar básico de la democracia, ilumina sobre la excepcionalidad del momento.