El president pródigo

En su discurso –en realidad, un mitin de precampaña– no solo se jactó de haber forzado a Pedro Sánchez a negociar la investidura fuera de España y a cambio de una medida de gracia que había descartado reiteradamente por inconstitucional. Frente a los mensajes del Ejecutivo que la justifican en aras a la convivencia, la enarboló como la antesala de «la culminación de la independencia»; la «prioridad» que, según dijo, le ha empujado a presentarse a las urnas y para la que invitó a ERC a formar un frente común con más retórica que convicción. Puigdemont se enfrenta a dos realidades ineludibles: el Estado de Derecho y el sufragio universal. El alcance de la amnistía, cuyas cláusulas ha ido dictando una por una, está tan en entredicho en cuanto a su aplicación efectiva que le brinda la posibilidad de ser candidato y autoexiliado a la vez. El informe del CGPJ que declara contrario a la Carta Magna el borrado de los delitos se suma a tantas advertencias de expertos que ni el Gobierno puede desdeñar por sospechosas ni el secesionismo soslayar porque no se siente español.

El victimismo de Puigdemont constriñe el sufragio universal porque insta a los catalanes a que recuperen su dignidad votándole solo a él como su encarnación más genuina. Pero lo que se augura en esa comunidad es un escenario parlamentario tan imposible como el precedente. Sobre todo, si Junts supera en votos y escaños a ERC. Dadas las circunstancias, el nuevo candidato no precisa de muchos méritos para seguir sintiéndose dueño del país tras el 12 de mayo.