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La reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno dio ayer inicio efectivo a una legislatura que nace con una fuerte diatriba social, política e ... institucional sobre la procedencia de la amnistía por el 'procés'. La reedición de un Ejecutivo entre el PSOE y Sumar permitirá continuar la agenda social de signo inequívocamente izquierdista puesta en marcha en el anterior mandato, condicionado por la pandemia y la guerra en Ucrania. Su estabilidad queda supeditada básicamente a los intereses que maneje el independentismo catalán tras haber apoyado una investidura que salió adelante con 179 votos a favor y 171 en contra. El tono exigente sobre todo de Junts al recordar que el líder socialista está a expensas del estricto cumplimiento de unos acuerdos que traspasan diversas líneas rojas dibujadas desde la Transición proyecta sombras sobre el futuro. Formar un Gabinete con un fuerte peso político parece una necesidad obvia a la vista del complicado panorama que deberá encarar.
Sánchez fue designado por tercera vez desde que accedió a la Moncloa en junio de 2018 en un pleno extremadamente bronco que pivotó sobre sus concesiones al secesionismo. Sus argumentos para justificar la amnistía transitaron de la prioridad de levantar un muro frente a la derecha reaccionaria a jactarse de su virtuosa generosidad. Hasta el punto de que ayer mostró su coincidencia con la portavoz de EH Bildu recomendando «leer más a Maquiavelo» y destacó la audacia desplegada para convertir los obstáculos en oportunidades. No fue la manera más feliz de postularse como presidente de todos. Claro que se necesita cierta audacia en la administración de la cosa pública. Pero una sociedad democrática –y, por tanto, inclusiva– requiere que vaya acompañada de la imprescindible prudencia.
En la euforia creciente de la investidura, el candidato fue dejando atrás la épica contra la derecha retrógrada para pasar a sugerir que su diseño de la gobernabilidad obedece al nuevo tiempo de la España diversa. Pero ni fue claro al respecto ni acabó de responder a los desafíos que le plantearon sus aliados independentistas de Cataluña, País Vasco y Galicia. La presidencia del Gobierno puede permitirle dialogar y no negociar al respecto. Pero no le será fácil conciliar la agenda económica y social pergeñada con Sumar con la conversación que se le reclamará por parte del secesionismo.
La legitimidad del Gobierno que surja de la investidura es indiscutible. Pero no podrá acallar ni a la oposición parlamentaria, ni a los demás poderes del Estado ni a las administraciones autonómicas y locales. Ni siquiera las divergencias que surjan en el bloque de investidura, en la propia coalición de Gobierno y hasta en el PSOE. Asegurada la continuidad en la Moncloa, Sánchez, sus ministros y su partido tienen la oportunidad de preguntarse por qué la amnistía y las concesiones al independentismo han generado tanto descontento, críticas y dudas, sin quedarse a esperar a que la facticidad del poder disipe las quejas. Tienen la oportunidad de dejar de lado la audacia y recurrir a la prudencia. De salir del enroque de campaña con el ánimo de encontrarse con quienes profesan la renuncia a las algaradas, a la fuerza física y a la desconsideración para expresar sus ideas e inquietudes. La generosidad no consiste en ceder ante aquellos cuyo apoyo se precisa para alcanzar los objetivos propios. La generosidad es estar dispuesto a modular la política ejercida ya desde un Gobierno en plenitud para que la convivencia no sea un mero subterfugio partidario.
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Ana del Castillo
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