Una reacción más contundente

La respuesta lógica de un Gobierno democrático es una inmediata asunción de responsabilidades y una revisión a fondo de todas las relaciones con las empresas y funcionarios implicados. Esto ya era imprescindible con los primeros datos de la investigación que trascendieron hace días, pero se hace urgentemente exigible cuando se ha descubierto que el inicio de la presunta carrera delictiva tuvo lugar hace dos décadas. Que haya prescrito no quiere decir que no se deba dar explicaciones a los electores sobre cómo se gastó su dinero. Quienes dicen defender el honor de los funcionarios de la Consejería deberían ser los primeros en encomendar tales análisis de los últimos veinte años, para que la opinión pública disponga de toda la información.

Que se organice nada menos que un homenaje a personas y equipos que no han sabido detectar durante años este descontrol es un acto de afirmación partidaria que corre elevado riesgo de ser contraproducente y de ahondar todavía más en el desgaste gubernamental. No se puede predicar superioridad moral cuando ha habido un fallo tan grave de vigilancia y control, durante tantísimos años. Ni barrer rápidamente bajo la alfombra, quitando importancia unas operaciones de muchísimos millones de euros solo por el hecho de que estas actuaciones comenzaron el mismo año en que Miguel Ángel Revilla llegó a la Presidencia en combinación con el PSOE, el presidente y el vicepresidente actuales debieran ser justamente los primeros interesados en un amplio informe que alejara no solo las sospechas de corrupción sino, lo que es igual de importante, de ineficacia ante los elementos corruptos. El daño causado al presupuesto cántabro es considerable, y no procede brindar por ello en ningún caso.

Llama la atención la posición adoptada tanto por la patronal como por los principales sindicatos, tan razonables por lo general en otros asuntos. Ante la implicación de muy numerosas empresas en el 'caso Obras Públicas' y ante el peligro que acecha a decenas de empleados de las mismas, si estas fuesen sancionadas de algún modo por la administración judicial o la autonómica, la discreción en la reacción resulta sorprendente. Es muy importante que los agentes económicos y sociales respalden sin fisuras el juego limpio en las relaciones público-privadas y protejan a terceros de buena fe, como son otros empresarios y los propios trabajadores, que ahora temen por su porvenir.

Cantabria merece saber por qué durante dos décadas esto ha venido sucediendo sin control. Menos homenajes y más investigación: esta es la demanda ciudadana y el Gobierno de Cantabria debería mostrar la necesaria sensibilidad, si no quiere atraer sobre sí algo que nunca es grato, pero mucho menos en año de elecciones. La duración y magnitud de lo sucedido muestran unas dimensiones tan considerables, que los ciudadanos tienen derecho a una diligente averiguación y rápida explicación de lo sucedido. La situación requiere una reacción política mucho más contundente. Confiemos en que no se hará esperar demasiado.