Recortes a la democracia

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) fue una promesa estrella de la campaña que devolvió a Donald Trump al Despacho Oval hace ahora tres meses. ... Su objetivo sería «optimizar la excesiva burocracia, el despilfarro y el fraude» que heredaba de Joe Biden en una Administración federal que el mismo Trump ya pudo haber atajado entre 2016 y 2020. Y lo más llamativo era el elegido para liderar la tarea: Elon Musk, el hombre más rico del mundo y multiempresario tecnológico, al que el hecho de que sus compañías disfruten de contratos públicos bastaría para descalificar. Los críticos con el desempeño del DOGE en este primer trimestre de andadura echan en falta un plan conocido y el asesoramiento de expertos en gobernanza. Porque lo que Musk despliega es un ejército de fieles, ingenieros y ayudantes, que se han apoderado de más de una docena de departamentos y agencias del Gobierno de EE UU. La necesidad de modernización administrativa parece indiscutible en un país con deuda y déficit descomunales. Pero se cuestionan los criterios sin transparencia, los métodos intimidatorios con el personal, el indiscriminado recurso al despido o, en el mejor de los casos, a las renuncias incentivadas. Miles de empleados se ven arrojados a un mercado laboral muy tensionado por la incertidumbre que provocan las decisiones económicas de Trump. Resoluciones judiciales que habían devuelto a sus puestos a trabajadores afectados se ven enmendadas por el Tribunal Supremo, que acaba de bendecir la expulsión de 16.000 contratados a prueba, los primeros en caer. Organizaciones de derechos civiles subrayan el acceso de Musk y su tropa a datos sensibles del Departamento del Tesoro, el uso del sistema sanitario para localizar y detener a indocumentados, el empleo de la célebre aplicación Signal para favorecer la opacidad o el recurso a la Inteligencia Artificial en busca de hostilidad hacia el presidente y su política.