Recta final preocupante

La detención de un alto funcionario de la Consejería de Obras Públicas, familiares directos y cuatro empresarios por una presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos de Carreteras ha caído como una bomba sobre una imagen que ya venía seriamente deteriorada por hechos anteriores, como el caso de Alicia Renedo o el fiasco de los trenes de Cercanías. La magnitud de este escándalo, que costó el puesto al presidente de Renfe y a la secretaria de Estado de Infraestructuras, llevó al presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, a ponerse al frente de la manifestación y reclamar que «rodaran cabezas» de alto nivel, no de actores secundarios. Poco antes, el presidente tuvo que exigir en público la asunción de responsabilidades de su propia directora general de Juventud, Alicia Renedo, por saltarse las incompatibilidades e incurrir en prácticas muy discutibles con su antigua empresa. Sin embargo, ahora que un caso salpica a su propia gestión como presidente y a un área de directa responsabilidad del PRC, trata de limitar la 'decapitación' y ni siquiera reclama depuración de responsabilidades en el nivel de la Dirección General de Carreteras. Es cierto que el asunto afecta a un solo funcionario de la Consejería en un campo donde no hay intervención política, pero ¿quiere ello decir que nadie controla a los jefes de servicio? Es preciso recordar que, también hace pocas semanas, Revilla exoneró de cualquier deber de seguimiento de las inversiones ferroviarias al director general de Transportes de la autonomía, que causalmente es el candidato del PRC a la Alcaldía de Santander en las elecciones de mayo.

La aplicación de esta 'ley del embudo', es decir, que asuman responsabilidades políticas los demás, pero no los del partido propio, no solo no beneficia al PRC, sino que incluso perjudica extraordinariamente su cartel. El 'caso Obras Públicas', el 'caso Trenes' y el 'caso Renedo' vienen a sumarse a la reciente sentencia definitivamente condenatoria de altos cargos del Servicio Cántabro de Salud que cometieron sus delitos en un área de gestión socialista pero bajo la presidencia del líder del PRC.

Una primera conclusión es evidente: ningún partido es inmune a estos episodios y por tanto no es admisible que ninguna organización reivindique una superioridad moral innata sobre las demás opciones democráticas. Y la segunda conclusión es que, si ha habido problemas de contratación pública en Sanidad, en Cultura y en Obras Públicas, y problemas de seguimiento de asuntos cruciales en Transportes, no cabe sostener que todo marcha sobre ruedas en la

Administración autonómica. Recordemos que el asunto de los ferrocarriles se destapó al poco tiempo de haber proclamado el presidente de Cantabria su satisfacción con el cumplimiento por Pedro Sánchez de su pacto con el PRC. Al que cumple no se le piden ceses de secretarios de Estado, nada menos.

Que la autonomía falla por muchas de las piezas de su engranaje es algo evidente. Ha habido fuertes movilizaciones sanitarias. Los proyectos importantes acumulan varios años de retraso. Las empresas se siguen quejando de burocracia e inseguridad jurídica. La resistencia numantina a asumir responsabilidades parece, por tanto, un mensaje que exige demasiado a la ciudadanía.