Una relación por definir

A diferencia de Baleares, donde un PP con más escaños que toda la izquierda tiene encarrilado un Consell monocolor tras ceder a Vox la presidencia del Parlamento para que se abstenga en la investidura, en Extremadura precisa su apoyo para controlar la Junta, pero se niega a compartir el poder, lo que ha generado una fractura entre ambos grupos y dejado el liderazgo de la Cámara en manos socialistas. Su candidata, María Guardiola, lo explicó ayer con suma claridad: no puede «dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, deshumanizan a los inmigrantes» o «tiran a la papelera una bandera LGTBI» como hace la formación de Abascal en lonas publicitarias. Unos argumentos que dejan en evidencia el acuerdo suscrito por su propio partido en Valencia, alejan cualquier entendimiento en su comunidad y hacen planear el fantasma de un adelanto electoral de imprevisibles consecuencias.

El PP ha de aclarar de una vez su relación con Vox tras normalizar y descartar en unos pocos días con argumentos contradictorios eventuales coaliciones con esas siglas. Al margen de que la marcha de las negociaciones autonómicas favorezca o no a Alberto Núñez Feijóo de cara al 23J, los ciudadanos tienen derecho a saber qué alianzas está dispuesto a conformar con su voto.