Revolución burocrática

El texto, que ya cuenta con las aportaciones de Vox, y está a la espera de incluir alguna de las enmiendas del PRC o del PSOE, elimina numerosas trabas, acelera trámites y deposita en los ciudadanos y entidades buena parte de la responsabilidad en asuntos de gran importancia. Daniel Martínez ha buceado en las interioridades del texto legal y desgrana hoy en El Diario los detalles y las consecuencias concretas de la norma.

El silencio administrativo positivo, que implica un sí de la Administración en caso de no respuesta a una petición o consulta, es uno de los mecanismos más relevantes de los que se pondrán en marcha, ya que obliga a la maquinaria funcionarial a agilizar su actividad, pues dejar dormir los papeles tendrá serias consecuencias. Algunos asuntos como los urbanísticos, las subvenciones o el reconocimiento de los grados de discapacidad y dependencia serán las excepciones a un cambio de paradigma en las relaciones entre la Administración y los agentes económicos y los ciudadanos, que se ve completado con la reducción de plazos y la generalización del uso de la declaración responsable para actos como las licencias de obras o el inicio de actividad.

La norma prevé, entre otras medidas, la creación de una plataforma de gobernanza depositaria de la documentación que ya está en poder de la Administración o a la que puede acceder, para evitar las peticiones duplicadas y reducir el papeleo. Se compromete, asimismo, a que cualquier trámite pueda hacerse por internet, a poner a disposición del usuario su histórico y a comunicar los avances. La obligación de usar un lenguaje claro y comprensible es muy loable, así como el rechazo del llamado 'lenguaje inclusivo', un fárrago que oscurece y enturbia el idioma. Que los informes se resuelvan de forma simultánea y no sucesiva en distintos departamentos, homologar las certificaciones de distintas comunidades autónomas y unificar y simplificar los pagos son algunas otras de las múltiples medidas que recoge la ley.

Algunas de las cuestiones que propone la norma dan pie a la polémica, como la construcción de viviendas en suelo rústico mediante Planes de Singular Interés Regional (PSIR) y vinculadas a nuevos equipamientos, los cambios parciales en planes urbanísticos y facilitar las reformas en bienes afectados por el Plan de Ordenación del Litoral. También que los vertidos no contaminantes al mar se puedan efectuar con la declaración responsable, ya que en caso de incumplimiento la reparación es compleja. O el permiso para zonas de autocaravanas en Oyambre, aunque sea con impacto visual y en el terreno limitado.

Una norma, en fin, amplia y ambiciosa que obliga a la Administración a revisar en profundidad su forma de trabajar y a emprender numerosas reformas en su seno. Bienvenida sea, aunque en su desarrollo sea preciso aplicar correcciones en aquellos asuntos en los que se observe inoperancia o malfunción. Merece la pena, en plena era digital, cualquier esfuerzo para erradicar el «vuelva usted mañana».