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Los salarios reales de 2022 bajaron más en España que en los tres otros grandes países del euro. Diez veces más que en Francia, el ... doble que en Italia y 1,4 puntos más que en Alemania. A pesar de que los trabajadores percibieron un incremento del 2,9% en sus remuneraciones brutas, la inflación del 8,6% dejó en poco tal subida, reduciéndose el poder adquisitivo en un 5,3%. Así lo señala el informe anual de la OCDE sobre las rentas del trabajo. El salario bruto medio de los 38 países que integran la OCDE sufrió una pérdida del 3,4%, dos puntos menos que en España. Aunque no cabe imputar la causa de ese diferencial solo al IPC, que en nuestro país se disparó durante la primera parte del año.
Ha de tenerse en cuenta además que mientras en España la media del incremento salarial fue de 800 euros para todo el ejercicio, en Francia fue de 2.100, en Alemania de 2.200 y de 1.800 euros en Italia. Los mensajes de temor a que una mayor subida en los salarios pudiera dar lugar a una mayor alza de precios o a su continuidad coincidieron con los pronósticos oficiales sobre el carácter fugaz que se le suponía al alza del IPC. Lo que pasó luego a diluirse como un problema de Europa entera y de todas las economías desarrolladas. Fue el abono de la impasibilidad. El Gobierno mirando hacia las empresas, a la espera de que éstas se avinieran a ampliar sus márgenes para la negociación de los convenios pendientes, al tiempo que soslayaba la posible corrección del IRPF a la espera de que la inflación se atenuara. Alegando que el incremento de la recaudación derivada de la subida de precios se dedicaba íntegramente a ayudar a las personas y familias en mayor dificultad. Con comunidades como Madrid y Andalucía deflactando el IRPF en el tramo autonómico, y País Vasco actuando en virtud del Concierto.
El año 2022 aparece ahora como un ejercicio remoto, cuando hace solo cuatro meses que lo dejamos atrás. Un año sobre el que resultaría imposible discutir si no fuese desde la historiografía económica. Pero hay dos conclusiones que extraer de inmediato. Una, que no tiene sentido vincular legalmente la actualización de las pensiones al IPC, mientras la inflación se considera una rémora del pasado o un accidente fortuito a la hora de actualizar las tablas del IRPF. La otra, que España necesita atenuar la polarización partidaria y la sujeción del diálogo social a la política para hacerse con un marco que propicie respuestas de alcance basadas en el interés común.
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Ana del Castillo
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