Semana crucial

La convulsa situación que atraviesa la política española obliga a todos los partidos a realizar un esfuerzo especial para que la legítima confrontación entre ellos no afecte al funcionamiento de las instituciones y al necesario equilibrio entre los poderes del Estado. La sublimación de la ... resolución del conflicto en Cataluña, y entre el independentismo catalán y el Estado constitucional, es resultado de una determinada política de alianzas para asegurar la gobernación progresista del país. Las decisiones de gobierno y los cambios legislativos realizados a impulsos de la 'desinflamación' de la comunidad catalana –indultos a los condenados del procés, la supresión del delito de sedición o la rebaja del de malversación– han desembocado en una proposición de ley de amnistía cuya redacción final está prevista para el jueves. Proposición que tanto sus partidarios como sus detractores consideran una iniciativa 'a la carta', que los primeros presentan como un cambio legal ineludible para la convivencia y los segundos advierten de que supone todo lo contrario; una fractura enconada por la liza partidaria. La causa abierta en el Supremo para investigar si Carles Puigdemont lideró la gestación de Tsunami Democràtic y actividades que su Sala Segunda considera terroristas ha aflorado, de nuevo, la trascendencia institucional de esa fractura. La presunción de que instancias judiciales interfieren en los propósitos reformadores del Poder Ejecutivo y del Legislativo hasta anularlos. Presunción que los socialistas parecen dispuestos a emplear como excusa de su temeridad legislativa y los independentistas catalanes para demostrar la imperiosa necesidad de la secesión respecto a un Estado esencialmente represor.