El Senado y la amnistía

La exacerbación de la política partidaria conduce al vaciamiento de los espacios comunes de la democracia y a la instrumentalización de sus instituciones. El Ejecutivo y los partidos que lo conforman o apoyan alegan que los populares están utilizando su control del Senado como trinchera de oposición. Pero probablemente no en mayor grado de lo que el bloque de la investidura utiliza el Congreso para sacar adelante sus iniciativas y como caja de resonancia. La coalición gobernante defiende la constitucionalidad de la amnistía, al tiempo que destaca su relevancia para afianzar la convivencia. El PP insiste en que el atajo legal empleado hurta a los españoles el consenso político e institucional que exigiría una medida que sus promotores continúan equiparando con la medida de gracia de 1977, germen de la propia Carta Magna.

El requerimiento del Senado al Congreso para que dé marcha atrás en la aprobación del texto el pasado 14 de marzo es insólito. Pero tampoco puede llevar a la Cámara alta a dejar en suspenso o simular que ha decaído la iniciativa en trámite en su ámbito parlamentario. Ni siquiera en el caso de que recurra formalmente al Tribunal Constitucional por un posible conflicto de atribuciones. De hecho, la votación de ayer puede resultar más eficaz como gesto testimonial sobre la carencia de un consenso amplio que si la mayoría absoluta del Senado se obstina en sustanciar una quiebra institucional de imposible salida.