Ni silencio culpable ni víctima

Fue el preludio a que el ministro de Transportes, Óscar Puente, dijera entender «la decisión de Begoña de no prestarse a esta situación», con «una causa abierta en la que no hay pruebas indiciarias que incriminen a una persona». A que la de Defensa, Margarita Robles, magistrada y exvocal del CGPJ, manifestara que «se quiere hacer una investigación genérica» por el hecho de que la acusada es «la mujer del presidente del Gobierno». A que la de Ciencia, Diana Morant, aseverase que «aquí cada día parece que estemos buscando de qué manera perseguimos a Gómez». Y a que el de Industria y Turismo, Jordi Hereu, proclamara que la aludida hacía bien en no testificar ante una instrucción «basada en pruebas falsas».

Hay motivos para dudar de que las actuaciones atribuidas a la investigada lleguen a representar ilícitos penales. Pero las ministras y ministros de Sánchez no pueden extralimitarse en su solidaridad hasta entrar en colisión con la división de poderes. En ningún caso en términos que desborden los argumentos de su abogado. Y cuando además, al tiempo que se cuestiona la magnitud penal de los indicios que han trascendido, se suceden las noticias sobre supuestas anomalías o irregularidades en la trayectoria profesional trazada por Begoña Gómez desde que vive en la Moncloa.