Sima frente al secesionismo

Pero siendo esto así y resultando legítimo que los grupos opuestos a la ley de amnistía utilicen sus enmiendas a la totalidad para intentar deslegitimarla, las iniciativas para fortalecer el Estado que se cree que ha quedado inerme frente al independentismo por la necesidad política de Sánchez precisan vestirse con el ropaje de la seguridad jurídica y la congruencia constitucional. Es cierto, como sostiene el PP, que el artículo 31 bis del Código Penal ya permite desde su reforma de 2012 disolver un partido si incurre en delito. Pero entre esos supuestos no figura la organización y convocatoria de un referéndum autodeterminista, como tampoco entre las causas de ilegalización de la Ley de Partidos que proscribió las sucesivas marcas de la izquierda abertzale por su complicidad con ETA.

Con todo, y más allá del necesario contraste jurídico y de la viabilidad de la iniciativa del PP, lo que en apenas unos días constatará el debate parlamentario de las enmiendas a la ley de amnistía es la profundidad de la sima que hoy aleja a las dos fuerzas destinadas a sucederse en el Gobierno del país sobre cómo responder al secesionismo. La traumática experiencia de 2017 evidenció que la mera aplicación de la ley no basta para revertir las reivindicaciones rupturistas. Pero conviene no olvidar nunca que el respeto a esa ley como expresión de la democracia no constituye una decisión optativa, sino un compromiso con la convivencia del que no puede sentirse exento ningún partido en función de sus aspiraciones.